El día 7 de Enero de 2004, el gobierno marroquí constituyó la Instancia de equidad y reconciliación, con el objetivo de resolver el expediente de las flagrantes violaciones de derechos humanos por una vía extrajudicial, enterrando por ello todas las barbaries que se han cometido a lo largo de los veintiocho años de ocupación ilegal del territorio saharaui.

El gobierno marroquí, mediante esta estrategia intenta no asumir la responsabilidad, salvando de la justicia a los responsables directos de las graves violaciones de los derechos humanos que han sufrido los ciudadanos civiles indefensos.

Las violaciones de los derechos humanos, aparte de las desapariciones forzosas y las detenciones arbitrarias son las siguientes:

• El asesinato de los activistas saharauis que militaban por la autodeterminación del Pueblo Saharaui.
• El entierro de decenas de saharauis vivos en las fosas comunes en Echderia y Lemsayed.
• Tirar a decenas de saharauis (caída libre) desde los helicópteros militares.
• El bombardeo a las concentraciones de civiles con bombas de NAPALM, fósforo blanco y bombas de fragmentación.
• La desaparición de más de 500 ciudadanos / as, ( hay familiares directos como testigos y sus listas están en manos de Amnistía Internacional.
• El encarcelamiento ilegal de miles de personas en un tiempo que oscila entre 1 mes y 24 años, sometiéndolos a las peores torturas que conocen los violadores y sanguinarios, dejando como resultado decenas de muertos y secuelas físicas y psicológicas de gran consideración.
• El saqueo y deportación de los poblados nómadas, quema de jaimas y destrucción de pozos de agua.
• El destierro de más de 8000 escolares y estudiantes de sus lugares de origen hacia las ciudades marroquíes para integrarles en la sociedad marroquí, en contra de la voluntad de sus padres.
• La encarcelación y juicios sumarios a decenas de activistas de Derechos Humanos.
• Bloqueo militar y mediático del territorio saharaui ocupado y la prohibición de las visitas a las cárceles a los familiares de los presos y desaparecidos saharauis. etc.

Ante estas prácticas cotidianas de violaciones de derechos humanos, nosotras, Fatma y Mamia Salek, queremos expresar nuestra enérgica condena y al mismo tiempo hacer un llamamiento a la opinión publica y a las ONGs de derechos humanos y a la comunidad internacional, para presionar al Estado Marroquí y exigirle el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos y el respeto a la convención de GINEBRA, relativa a la protección de civiles en situación de conflictos armados.

El tratamiento extrajudicial del expediente de las graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, por parte de la Instancia de equidad y reconciliación, es un método opuesto al movimiento mundial en contra de la impunidad y a la declaración mundial de los Derechos Humanos.

Nosotras estuvimos encarceladas en Kalaat Magouna (Marruecos) durante 16 largos años, sufriendo toda serie de vejaciones y torturas. Allí murieron nuestros padres, Salek y Batul, víctimas de la misma situación. Ante estos hechos anunciamos nuestra decisión de hacer una querella contra el Estado Marroquí ante los tribunales internacionales.

Además exigimos al Gobierno de Marruecos:

• La liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis.
• El enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos entre la población saharaui en los territorios ocupados desde 1975 hasta 2003.
• El esclarecimiento del destino de los desaparecidos, la liberación de los supervivientes y la entrega de los muertos a sus familiares.
• Indemnización de las víctimas acorde al derecho internacional humanitario.
• El cese del hostigamiento y la persecución a los activistas saharauis de los derechos humanos en los territorios ocupados y la devolución de los 13 pasaportes de la delegación que iba a participar en la conmemoración del Día Internacional del desaparecido en Ginebra, encabezada por el militante de Derechos Humanos Sidi Mohamed Daddach, premio RAFTO del 2002.
• Permitir la entrada al territorio a los medios de información, los juristas y las ONGs de Derechos Humanos y el levantamiento del cerco militar y de seguridad implantado contra la legalidad internacional.

Santa Cruz de Tenerife,30 de Enero de 2004